Notisur Puerto Montt – notisur.cl – Ruta Metropolitana Noticias de Puerto Montt: notisurweb
Artículos Relacionado
Una víctima de un robo con violencia en Estación Central reclamó en la 21 comisaría por la inacción policial y recibió esa respuesta. Semanas después, la misma unidad admitió en un informe que no realizó la incautación de cámaras de seguridad del sector de los Terminales de Buses, entre otras diligencias, en respuesta a una instrucción particular solicitada por la Fiscalía Centro Norte.
Columna de opinión de Luis Vargas Baeza.
“Agradece que no te mataron.” Esa fue la respuesta que un funcionario de la 21ª Comisaría de Estación Central le dio a una víctima de un robo con violencia cuando esta reclamó por la pasividad de dos carabineros que habían presenciado el asalto sin intervenir. La frase, que la víctima recuerda con precisión y que enmarca todo lo ocurrido después en esta causa, terminó siendo un anticipo: La misma comisaría reconocería más tarde en un documento oficial que tampoco realizó las diligencias solicitadas por la Fiscalía Centro Norte.
Inacción de Carabineros en los Terminales de Buses
La víctima acababa de retirar su equipaje de un servicio de custodia en la estación de Metro Universidad de Santiago y caminaba por la Alameda, a la altura de su cruce con calle Ruiz-Tagle, en dirección al Terminal de Buses Sur. Al cruzar la calle, un delincuente que vestía una chaqueta amarilla le arrebató el teléfono celular. Luego del lanzazo, la víctima forcejeó y logró recuperarlo, pero un segundo asaltante que acompañaba al primero se sumó al ataque: mientras ambos delincuentes golpeaban a la víctima, uno abrió su mochila y sustrajo un computador portátil, y huyeron corriendo hacia la “Pequeña Caracas”. Al levantarse del suelo la víctima constató que también le habían robado una maleta con una cámara de video, una cámara de acción GoPro, un iPad y documentos.
Todo ocurrió, según el relato de la víctima, a menos de diez metros de dos carabineros —un hombre y una mujer— apostados en la esquina de la Alameda con Ruiz-Tagle. “Lo peor de todo es que había dos carabineros a menos de 10 metros de donde me asaltaron y no hicieron nada”, declaró horas después en un acta según consta en la carpeta investigativa. Los funcionarios no pidieron un vehículo policial, no persiguieron a los delincuentes ni interrogaron a testigos; según la denuncia, la carabinera se limitó a preguntarle varias veces si quería o no formalizar la denuncia.
Respuesta de Carabineros de Chile: “Agradece que no te mataron”
En la 21ª Comisaría de Estación Central, hasta donde la víctima llegó caminando junto a los mismos dos carabineros que no habían actuado en la calle, al reclamar formalmente por lo ocurrido. La respuesta de otro funcionario policial fue la siguiente: “Agradece que no te mataron”. Esta respuesta quedó registrada en el relato que la víctima entregó esa misma noche del 24 de octubre de 2023: “Es indignante que esta institución no realice su función, como debe ser, combatiendo la delincuencia”.
Esa misma noche formalizó la denuncia y fue trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticaron contusiones en el párpado y erosiones en el antebrazo, antes de volver a la comisaría. Pero un detalle resultó clave para lo que vino después: la cámara del teléfono robado había quedado grabando durante el forcejeo, lo que permitió identificar visualmente a al menos tres personas involucradas —dos hombres y una mujer— y aportar a la causa una fotografía nítida del rostro del sujeto de chaqueta amarilla.
SIP de la 21 Comisaría de Estación Central no realizó diligencias solicitadas por Fiscalía
El caso quedó caratulado como robo con violencia y asignado al fiscal adjunto Ricardo Villarroel Rojas de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. En tanto, la fiscal de turno la noche del asalto, Ninoska Mosnich González, había instruido de inmediato ocho diligencias urgentes —constatar lesiones, empadronar testigos, verificar cámaras, rastrear las especies sustraídas—, pero la orden formal que traspasa el caso a unidades especializadas llegó recién 16 días después del asalto, el 9 de noviembre de 2023, cuando el fiscal Villarroel despachó una Instrucción Particular a la 21ª Comisaría de Estación Central —la misma unidad del carabinero que le dijo a la víctima que agradeciera seguir con vida— pidiéndole el informe de las primeras diligencias y la incautación de eventuales registros de cámaras de seguridad.
La respuesta llegó el 20 de noviembre de 2023. Firmado por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 21 comisaría de Estación Central, el informe reconoce que no se hizo casi nada: no hubo inspección del sitio del suceso, no se recogieron evidencias, no se realizaron empadronamientos de testigos ni peritajes. Ni siquiera fueron a pedir las cámaras de seguridad de los Terminales de Buses de Estación Central. La explicación que entrega el documento es que la instrucción del fiscal “no fue entregada a esta sección” y pese a ello se autocalifica de “cumplimiento parcial” y lo firman en cadena de mando, una cabo primero, un sargento primero jefe de la sección y el mayor comisario de la unidad.
La PDI indagó en el caso en terreno 5 meses después
El mismo día 9 de noviembre de 2023, el fiscal ofició una Orden de Investigar a la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos de la Policía de Investigaciones de Chile, con doce diligencias específicas: Tomar declaración a la víctima, empadronar testigos, revisar cámaras de seguridad del sector, rastrear los IMEI de los equipos sustraídos y realizar reconocimiento fotográfico de los sospechosos, entre otras.
Esa orden —pese a estar dirigida a la unidad policial especializada en este tipo de delitos— no fue recepcionada por la oficial a cargo del caso sino hasta el 28 de diciembre de 2023, casi siete semanas después de emitida y la primera diligencia de la PDI en terreno ocurrió recién el 13 de marzo de 2024, es decir, casi cinco meses después del asalto.
Esa tarde de marzo, una tripulación de la Bicrim concurrió personalmente a la 21ª Comisaría de Estación Central a solicitar el informe de primeras diligencias del procedimiento y el sargento a cargo le respondió que no se registraba en el sistema. Es decir, casi cuatro meses después de que la propia comisaría hubiera admitido por escrito no haber ejecutado ninguna diligencia, ni siquiera existía registro del caso cuando otra institución del Estado fue personalmente a buscarlo.
Desde ahí, la tripulación de la PDI continuó hasta el sitio del suceso, en la Alameda con Ruiz-Tagle, y consultó a la central de cámaras municipales del sector, que informó que los videos se eliminan automáticamente a los dos meses: Así cualquier posibilidad de recuperar grabaciones del entorno ya se había perdido para entonces.
La PDI terminó cerrando su parte de la investigación sin lograr contactar a la víctima ni identificar a ningún imputado y el informe respectivo se firmó recién en octubre de 2024, casi un año después del asalto y solo después de que el fiscal tuviera que oficiar en julio de 2024 para “pedir cuenta” por la demora.
El expediente reunido por la víctima contiene evidencia que, en principio, podría haber facilitado identificar a los responsables: las fotografías captadas por la propia víctima durante el forcejeo, un video en alta resolución entregado a la Fiscalía en noviembre de 2023, y los números de serie e IMEI de los dispositivos sustraídos. Nada de eso aparece contrastado con diligencias oportunas: Ni de la 21 Comisaría de Estación Central que tuvo a dos funcionarios a diez metros del hecho, ni de la Brcrim de la PDI que demoró meses en siquiera pisar el sitio del suceso. El caso se encuentra archivado desde el octubre del año 2024.
El oscuro historial de la 21 Comisaría de Estación Central
Casos de funcionarios de Carabineros vinculados directamente a hechos delictuales no son ajenos a esta unidad policial. En agosto de 2025, un reportaje de Canal 13 informó que un sargento primero fue investigado por participar en el robo a una bodega del sector —con pérdidas superiores a los 20 millones de pesos— junto a tres personas con antecedentes penales mientras se encontraba con licencia médica y fue dado de baja de la institución.
Otro caso, pero de distinto tipo, fue el ocurrido el 11 de diciembre de 2025, cuando una investigación por tráfico de drogas terminó con la detención de ocho personas que tenían uno de sus centros de operación en un edificio de departamentos ubicado frente a la 21 comisaría de Estación Central.
Antecedentes de Violaciones a los Derechos Humanos en la misma unidad
La 21ª Comisaría de Estación Central —la misma que reconoció prácticamente no haber investigado este robo con violencia— tiene, además, un historial judicializado de violaciones a los derechos humanos en hechos ocurridos en otro período y con otros funcionarios.
El 14 de septiembre de 2019, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al entonces suboficial mayor Francisco Arzola, conocido como “Paco Nazi”, a 22 años de cárcel —17 años por tortura y apremios ilegítimos reiterados, y 5 años y 1 día por falsificación reiterada de instrumento público— por golpear, estrangular, humillar e insultar a comerciantes ambulantes del Barrio Meiggs que eran detenidos en fiscalizaciones y trasladados en un bus institucional hasta esa comisaría. En la misma causa, el cabo Rodrigo Muñoz Cid fue condenado a 8 años por tortura. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue querellante y la sentencia fue confirmada en apelación a fines de ese año.
Cabe recalcar que en el caso del “Paco Nazi”, no era la primera vez en que habría estado involucrado en un caso de brutalidad policial, porque una declaración judicial lo situaría como el conductor de una de las patrullas involucradas en el caso de la desaparición del joven mapuche José Huenante, de 16 años, en medio de un procedimiento policial en la población Mirasol de Puerto Montt el día 3 de septiembre de 2005. En septiembre de 2019, durante el juicio contra Arzola por las torturas en Meiggs, un detective de la PDI declaró que Arzola “se habría encontrado conduciendo una de las patrullas que habrían participado del operativo policial en que desapareció” José Gerardo Huenante Huenante.
Más de seis años después, el 3 de diciembre de 2025, el mismo tribunal condenó a otros cuatro funcionarios de esa comisaría —descritos en el fallo como “discípulos” de Arzola— por torturas y golpizas ocurridas entre 2016 y 2018: El subteniente Carlos Leal Aqueveque (dos torturas, tres apremios ilegítimos, una detención ilegal y falsificación de instrumento público), Carlos Calderón Ortega (tres apremios ilegítimos), Carlos Soto Soto (una tortura y un apremio ilegítimo) y Camilo Vásquez Masman (una tortura y una falsificación). Entre los hechos acreditados: la golpiza a un hombre durante un control de identidad en enero de 2017 pese a no oponer resistencia; el maltrato a una adolescente de 16 años en noviembre de 2017, tras ser atropellada por un vehículo policial; y el ataque —con mordida de perro policial incluida— a un hombre que había ido a esa misma comisaría a poner una denuncia, en diciembre de 2018. El fallo, de primera instancia, está sujeto a apelación.
La inacción de Carabineros de Chile, el trato en la comisaría y, semanas más tarde, la admisión oficial de que el caso ni siquiera se tramitó internamente dibuja un mismo patrón dentro de una sola unidad policial: La de funcionarios que estuvieron más cerca del delito, en el momento en que aún podía perseguirse a los agresores, y que después no llegaron a investigarlo. Sin embargo, estos casos de inacción policial no deben manchar la imagen de Carabineros de Chile, cuyos funcionarios en su inmensa mayoría desempeñan una labor clave en el combate a la delincuencia en un momento en que Chile registra una importante alza de la criminalidad.