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La acción judicial, interpuesta en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, está dirigida en contra de siete sujetos detenidos por Carabineros tras el atentado que se registró la noche del 29 de marzo y en contra de todos quienes resulten responsables del hecho que dejó daños por más de $3 millones en el edificio público.
Una querella criminal por los delitos de daños y desórdenes públicos presentó este martes la Intendencia de la Región de Los Lagos, con el fin de perseguir penalmente a los autores del ataque en contra la sede del Gobierno Regional, hecho que se registró la noche del 29 de marzo y que dejó pérdidas de más de 3 millones de pesos.
Al mediodía y acompañados del equipo jurídico de la Intendencia, llegaron hasta el Juzgado de Garantía de Puerto Montt los secretarios regionales ministeriales de Gobierno, Jaime Brahm, y Agricultura, Rodrigo Mardones, para interponer la acción judicial en contra de siete sujetos -tres adultos y cuatro menores de edad- que fueron detenidos por personal de Carabineros tras el atentado a pedradas en contra del edificio público y en contra de todos quienes resulten responsables del hecho.
Según indicó el seremi Brahm “como Gobierno, junto con repudiar este acto de violencia en contra de un espacio que pertenece a todos los chilenos, estamos presentando esta querella para que los autores de este hecho cobarde e injustificado asuman su responsabilidad, tanto en materia penal como económica. Esta es una señal para demostrarles a los delincuentes que no vamos a tolerar este tipo de acciones”.
La dependencia que resultó más dañada durante el ataque que se registró cerca de las 21.15 horas del pasado jueves fue la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, por lo que el seremi Mardones lamentó el hecho precisando que “muchas veces funcionarios trabajan más allá de su jornada laboral, y el hecho pudo haber dejado personas lesionadas, lo que afortunadamente no ocurrió. Este tipo de actos de violencia no sólo son un atentado en contra de un edificio, sino que en contra de las personas que en éste laboran y de sus usuarios”.
Diligencias
Dentro del documento presentado en el tribunal el asesor jurídico de la Intendencia Regional, Miguel Urrutia, solicitó una serie de diligencias, entre ellas el despacho de una orden amplia de investigar a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, que se oficie a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura para que se informe el presupuesto de los daños y que se tome declaración a los imputados respecto a los hechos registrados la noche del 29 de marzo.
Lo siete sujetos individualizados en la querella, tras ser aprehendidos pasaron a control de detención siendo formalizados por el Ministerio Público por el delito de daños, quedando uno de ellos con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la sede del Gobierno Regional.
